En 1999 se aprobó una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Esta reforma fue promovida por los Administradores de Fincas Colegiados mediante la fórmula de la Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo principal de mejorar las formas de reclamación de las deudas en las comunidades de propietarios. Una de las muchas medidas propuestas y aprobadas fue la regulación de un sistema de certificación del estado de deudas en el momento de la compraventa de inmuebles. En la actualidad, el Art. 9.e de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el vendedor de una finca deberá declarar la situación de las deudas y aportar una certificación acreditativa de tal declaración al otorgarse la escritura, si bien el comprador le puede exonerar de esta obligación.
El nuevo sistema, que ya se está implantando a lo largo de todo el país, facilita el cumplimiento de este precepto legal, lo que contribuirá a mejorar, indudablemente, las garantías jurídicas para los compradores.
Es necesario recordar al conjunto de la ciudadanía que, actualmente, las fincas que mantienen una deuda con la comunidad de propietarios a la que pertenecen llevan asociada una parte de dicha deuda, sea quien sea el titular de la misma. Esto es lo que se llama la afección real y supone, en la práctica, que la vivienda (local o garaje), responde de las deudas de la comunidad correspondientes al año en curso y los tres años anteriores. Si hoy alguien compra una vivienda cuya cuota asciende a 100 euros mensuales, la deuda que puede encontrarse puede superar los 4.000 Euros.
La colaboración entre los Notarios y los Administradores de Fincas Colegiados va a impulsar, notablemente, el uso de esta importante herramienta, lo que conllevará mejorar las garantías para los usuarios.
