El comienzo de este 2018 ha abierto un nuevo capítulo en
todo lo que tiene que ver con la transparencia de las empresas, en materias de
gobierno, social y ambiental.
El diálogo con los mercados y los grupos de
interés, es decir con los “públicos” de nuestras empresas debe mejorar. A
partir de este año debemos tener en cuenta la Directiva de Información no
financiera, lo que nos obliga a incluir políticas sociales, ambientales,
laborales, y de prevención contra el soborno y la corrupción.
Este año 2018 entra en vigor el Real Decreto-ley, de25 de noviembre, que transpone la Directiva europea de información no financiera (2014/95/UE del 22 de octubre de 2014) que obliga a las entidades de
interés público, de más de 500 empleados, a divulgar información no financiera
o relacionada con la responsabilidad social corporativa (RSC).
