El pasado 29 de diciembre se publicó en el BOE el Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo, que aborda entre otras, determinadas medidas que afectan al
colectivo de trabajadores autónomos.
Uno de los objetivos prioritarios de la Administración es la lucha contra el
uso fraudulento por parte de las empresas de la figura del trabajador autónomo,
pues se ha convertido en uno de los problemas que en el ámbito laboral más ha
crecido y más preocupa.
Estos cambios laborales también podrían afectar al sector
inmobiliario, y de manera preocupante al de la construcción.
La mayor parte de las ofertas de empleo en el sector inmobiliario
ofrecen trabajo como agente inmobiliario sin un régimen o relación laboral, es
decir, mediante un contrato mercantil que obliga a la parte contratada a
constituirse como autónomo, con un posible grado de dependencia que podría
encajar en una relación laboral encubierta denominada como falso autónomo.
