El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
El cual responde a la necesidad de atender la urgencia social que se deriva de
un mercado de la vivienda deficiente, especialmente desequilibrado en el ámbito
del alquiler.
Así, se amplía la prórroga obligatoria del contrato de
alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete
años, si es persona jurídica.
Se da un mandato al Gobierno para impulsar la oferta de
viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información
y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de
vivienda o fiscales.
