Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluyen un
castigo fiscal a los beneficios no distribuidos de las Socimi, a los que se
aplicará un gravamen del 15. Se trata de una medida que el Gobierno no incluyó
en el Plan Presupuestario de 2019 que remitió a Bruselas en octubre, ni en los
anteproyectos de ley que ya está tramitando.
Por el acrónimo de SOCIMI es como comúnmente
conocemos a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario, reguladas por la Ley 11/2009, de 26 de octubre. Tal
ley es la encargada de establecer un marco jurídico a este tipo de sociedades,
estableciendo asimismo una fiscalidad especial, dado que nos encontramos ante
entidades que suponen un original instrumento destinado al mercado de la
inversión inmobiliaria. La Socimi se configura así como un vehículo hecho a
medida para la inversión en activos inmobiliarios destinados al alquiler.
