Los partidos políticos buscan el consenso para dejar
claras las reglas de la dación en pago en la nueva Ley Hipotecaria, que
protegerá más al usuario y podría dar mayor protagonismo a las Comunidades
Autónomas y al Banco de España.
La Comisión de Economía de Congreso estudia la ponencia del
proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario proveniente
de una directiva europea que debía haber sido traspuesta el 26 de marzo de 2016
y va con casi dos años de retraso.
La Comisión de Economía de Congreso estudia la ponencia del
proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario proveniente
de una directiva europea que debía haber sido traspuesta el 26 de marzo de 2016
y va con casi dos años de retraso.
La nueva Ley Hipotecaria, redactada por el Gobierno del PP y
que será tramitada durante el Ejecutivo socialista, busca:
- · abaratar las comisiones por cancelación anticipada
- · reducir las comisiones por conversión de préstamos de tipo variable a fijo
- · reforzar el control sancionador para notarios y registradores
- · flexibilizar las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos y dar mayor transparencia a los usuarios con la creación de una Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) en la que el consumidor podrá comparar las condiciones hipotecarias que le ofrezca cada entidad financiera.
El proyecto de Ley ha recibido 238 enmiendas y el PSOE ha
propuesto a todos los grupos parlamentarios transaccionar cerca de 50 sobre un
total de unas 180 iniciativas, entre las que destaca crear una Autoridad
Independiente para velar por la protección y transparencia en la contratación
inmobiliaria.
También, establecer un Registro de Sanciones en el Banco de
España por incumplimiento de la Ley y permitir que las Comunidades Autónomas
determinen el órgano competente para sancionar a prestamistas, intermediarios y
tasadores que operen dentro de esa comunidad.
Se establecería como criterio para la sanción que se
perjudique a personas en situación de vulnerabilidad social.
Algunas de estas propuestas son la que el PSOE intenta pactar
con Unidos Podemos aunque también pide revisar el actual Código de Buenas
Prácticas bancarias para que sea obligatorio y que la nueva Ley Hipotecaria
establezca la posibilidad de que las partes pacten la dación en pago.
El portavoz socialista en la Comisión, Gonzalo Palacín, ha
señalado a EFE que intentará buscar un amplio consenso para que el proyecto de
Ley sea aprobado cuanto antes y ha puntualizado que el objetivo es dar mayor
protección al consumidor sin poner en riesgo el sistema hipotecario del país.
Incide que la dación en pago no debe ser la única solución
para afrontar una hipoteca que no se puede pagar y apunta a otros mecanismos
como dejar claro el criterio de disolución de contratos o contratos nulos.
Todos los partidos políticos están de acuerdo en que hay que
buscar el consenso y que "a grandes rasgos" las negociaciones van
bien.
Parece haber coincidencia en que el plazo de información antes de firmar el contrato hipotecario debe
establecerse en 10 días, y en que los intereses de demora del préstamo no
pueden ser superior al interés legal del dinero más el 3 %, además de que
varias formaciones apoyarían que sea el Banco de España el que supervise los
procedimientos internos de evaluación de solvencia de los prestamistas.
También que pueda ser
posible solicitar la nulidad de las cláusulas que resulten perjudiciales para
el usuario cuando no quede suficientemente recogida la información relativa a
las mismas con el fin de mejorar su protección.
Otros aspectos que podría recoger la Ley es que pueda
extenderse la evaluación de solvencia a los fiadores o garantes y no sólo al
deudor.
Dejar claro que la tasación debe ser más independiente, dar más
relevancia a la figura del notario a la hora de firmar la hipoteca, fijar el
reparto de los gastos entre el banco y el comprador así como apoyar la
educación financiera por parte de las Comunidades Autónomas, son otros aspectos
que los partidos deben consensuar.
Asimismo, las comisiones por reembolso anticipado total o
parcial del préstamo, que el PDeCAT pide reducir al 2 % durante los 10 primeros
años del crédito y al 1,5 % a partir de los 10 años de vida del préstamo.
Por otra parte, también analizarán si puede entenderse como
inmuebles de uso residencial, los trasteros, garajes u otros elementos que sin
constituir vivienda como tal cumplen una función doméstica.
Fuente: EFE