El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que llevará al Ministerio Fiscal, por primera vez, un caso de acoso y discriminación inmobiliaria que ha instruido y resuelto por vía administrativa.
En su expediente administrativo, el consistorio ha propuesto 90.001 euros de sanción (infracción muy grave comprendida en el art. 123) a la propiedad por acoso, por la omisión del deber de conservar la finca, en un caso denunciado en julio pasado por una de las 22 inquilinas de una finca sita en Barcelona.
Un día cortan la luz. Otro, el agua. Las vuelven a dar para repetir la suspensión días después y mantenerla a pesar de que haya una denuncia de por medio. Y esto se puede producir durante años. Mientras, la finca va sufriendo desperfectos provocados por la propiedad, de forma activa o pasiva. O por la dejadez del ayuntamiento. Y detrás de ese acoso inmobiliario normalmente se esconde la especulación.
